Asaltos, secuestros, crímenes, linchamientos y violencia se han convertido en una constante en la rutina diaria de todos los peruanos. El incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana es hoy un problema latente, que el Gobierno está en la obligación de erradicar.
El notable momento económico que vive nuestro país, con un crecimiento del PBI del 7% anual, puede irse al piso si no se enfrenta decisivamente el grave problema de la inseguridad ciudadana.
Lima carece de una visión metropolitana de seguridad, evidenciada en la poca coordinación entre los alcaldes distritales y el de Lima, Luis Castañeda Lossio. Es cierto que hay iniciativas aisladas a nivel distrital, pero valdría la pena preguntarse ¿Cuántas veces el alcalde Castañeda se ha reunido con las autoridades distritales para trabajar estos enfoques compartidos de seguridad? ¿Quién va a seguir invirtiendo en un país que no ofrece las mínimas garantías para la integridad de sus residentes?
Estas son las preguntas que debe afrontar el Gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior, con su titular Octavio Salazar a la cabeza, ante el imparable e intolerable aumento de atentados contra la vida, la integridad física, la propiedad y el derecho exclusivo de todos los peruanos a circular libremente.
No hay un solo día en que no se produzcan robos o secuestros al paso, asaltos a ómnibus en la ruta interprovincial o atentados criminales contra policías, como los ocurridos constantemente en el VRAE. En este caso, la lucha contra el narcoterrorismo exige acciones firmes que deben ser lideradas por la Policía Nacional y apoyadas por las Fuerzas Armadas, para poder vencer a un enemigo ensoberbecido en una zona especialmente agreste y difícil.
Ante esta situación la respuesta del sector Interior sigue siendo limitada e ineficiente. Y esto se debe no solo a la falta de recursos logísticos -continúan con déficit de patrulleros- sino a la falta de voluntad política para elaborar y ejecutar un plan integral que incluya desde patrullajes y equipamiento, hasta la desactivación de las bandas delictivas que operan desde los penales.
Por otro lado, el principal causante de la inseguridad es la falta de coordinación entre policías y serenazgo, el reducido número de agentes, vehículos y la falta de un planes a largo plazo como educación, incorporación y rehabilitación de sus comunas.
Por eso, es necesario mejorar la fuerza policial, desarrollar políticas de acercamiento vecinal, modernizar las comisarias, para liberar efectivos y dejar de proteger a cualquier funcionario estatal, estos son algunos temas que deben estar incluidos en la reforma sectorial.
En fin, esperemos que el ministro tome al toro por las astas y así evite que siga aumentando la inseguridad ciudadana en diferentes zonas del Perú.
El notable momento económico que vive nuestro país, con un crecimiento del PBI del 7% anual, puede irse al piso si no se enfrenta decisivamente el grave problema de la inseguridad ciudadana.
Lima carece de una visión metropolitana de seguridad, evidenciada en la poca coordinación entre los alcaldes distritales y el de Lima, Luis Castañeda Lossio. Es cierto que hay iniciativas aisladas a nivel distrital, pero valdría la pena preguntarse ¿Cuántas veces el alcalde Castañeda se ha reunido con las autoridades distritales para trabajar estos enfoques compartidos de seguridad? ¿Quién va a seguir invirtiendo en un país que no ofrece las mínimas garantías para la integridad de sus residentes?
Estas son las preguntas que debe afrontar el Gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior, con su titular Octavio Salazar a la cabeza, ante el imparable e intolerable aumento de atentados contra la vida, la integridad física, la propiedad y el derecho exclusivo de todos los peruanos a circular libremente.
No hay un solo día en que no se produzcan robos o secuestros al paso, asaltos a ómnibus en la ruta interprovincial o atentados criminales contra policías, como los ocurridos constantemente en el VRAE. En este caso, la lucha contra el narcoterrorismo exige acciones firmes que deben ser lideradas por la Policía Nacional y apoyadas por las Fuerzas Armadas, para poder vencer a un enemigo ensoberbecido en una zona especialmente agreste y difícil.
Ante esta situación la respuesta del sector Interior sigue siendo limitada e ineficiente. Y esto se debe no solo a la falta de recursos logísticos -continúan con déficit de patrulleros- sino a la falta de voluntad política para elaborar y ejecutar un plan integral que incluya desde patrullajes y equipamiento, hasta la desactivación de las bandas delictivas que operan desde los penales.
Por otro lado, el principal causante de la inseguridad es la falta de coordinación entre policías y serenazgo, el reducido número de agentes, vehículos y la falta de un planes a largo plazo como educación, incorporación y rehabilitación de sus comunas.
Por eso, es necesario mejorar la fuerza policial, desarrollar políticas de acercamiento vecinal, modernizar las comisarias, para liberar efectivos y dejar de proteger a cualquier funcionario estatal, estos son algunos temas que deben estar incluidos en la reforma sectorial.
En fin, esperemos que el ministro tome al toro por las astas y así evite que siga aumentando la inseguridad ciudadana en diferentes zonas del Perú.
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